Por iniciativa del coronel Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires, la Cámara Legislativa promulga la Ley de libertad de imprenta, también conocida como Ley 8 de mayo. La misma estableció el derecho de toda persona a publicar sus ideas libremente y sin censura previa.

En agosto de 1827, Manuel Dorrego se hizo cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El período que se abría y que ya se venía dibujando en los años posrevolucionarios era el de la confrontación, a grandes rasgos, de dos proyectos para las provincias: el federal y el unitario.

El nuevo gobernador porteño tenía un amplio espectro de adversarios, unitarios de toda calaña y algunas resistencias federales. Muchas de estas oposiciones se ahondarían con las primeras medidas de gobierno, durante su mandato promovió una ley universal que permitía a los pobres poder votar, contempló el desendeudamiento público, estableció un sistema de “precios cuidados” y la prohibición del monopolio sobre los principales productos que consumía el pueblo. También sancionó una ley de libertad de imprenta que castigó con multas a las publicaciones calumniosas e injuriosas, que no tenían fuentes de respaldo verdaderas y que lejos de apaciguar la situación, exacerbó aún más los espíritus unitarios, que pronto lanzarían el golpe de estado contra Dorrego, poniendo al general Juan Lavalle a la cabeza del levantamiento.

Por entonces, los unitarios hacían oposición de forma masiva y virulenta desde la prensa, convocando a terminar con el mandato federal. Los hermanos Varela, Bernabé Guerrero y Torres, entre otros, daban vida a periódicos como El Mensajero argentino, El duende de Buenos Aires, El liberal, etc.

Dorrego, en cambio, defendía sus posiciones desde El Tribuno y luego con El Correo Político y Mercantil.